Con un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, entablado la semana pasada, la Pontificia Universidad Católica (UC) arremetió contra la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El contexto es el Estudio de Mercado Sobre la Educación Superior que esta entidad se encuentra realizando, al que -según enfatiza la UC- no se opone, pero para el cual la FNE está pidiendo datos que están resguardados por la normativa de protección a la vida privada.

La acción de la UC busca impugnar el Oficio 848, del que fue notificada el 27 de mayo, dirigido directamente al rector de la UC, Ignacio Sánchez, relativo al mencionado estudio de mercado. Y la razón es que el pedido de información que la FNE hizo a esta casa de estudios, a ojos de este plantel universitario, transgrede la garantía constitucional del respeto y protección a la vida privada, y la protección de los datos personales que -enfatiza la UC- está obligada a respetar.

Desde la FNE analizan el recurso y aseguran que informarán a la Corte cuando corresponda.

Cantidad de estudiantes o egresados

Según describe la casa de estudios en su acción judicial, patrocinada por el abogado José Miguel Burmeister, la FNE pidió hacer entrega de una serie de datos personales de todos los estudiantes que se matricularon por primera vez en la institución, en algún programa o carrera (excluyendo posgrados), para los años 2023, 2022, 2020, 2018, 2016, y 2014. Según un cuadro adjunto, se pidió nombres, ruts, teléfonos de contacto, y correos electrónicos institucional y personal.

El tema de fondo que la UC plantea es que en dicho oficio, la FNE solicita información que a la universidad no le es propia, sino de los estudiantes.

“De acuerdo a la Ley 19.628, los datos personales solo pueden tratarse -entregarse en este caso a la FNE- cuando exista una ley que lo autorice o previo consentimiento del titular. En este sentido, evidentemente, ese consentimiento no ha sido otorgado por los titulares de datos. En consecuencia, la UC, como responsable de los mismos, debe abstenerse de entregarlos, pues solo puede utilizar estos datos para los fines que le son propios, los cuales están dados por los contratos de prestación de servicios educacionales que mantiene con sus estudiantes y sus políticas de privacidad”, argumentó en parte del escrito.

“El fin no justifica los medios. El legítimo estudio de mercado de la FNE no puede traducirse en una carta blanca para este ente público para proceder con desprecio a sus limitaciones legales y, más importante, a las garantías constitucionales de la UC y los titulares de los datos personales requeridos”, dijo también en el documento.

Según la UC, la información solicitada recae sobre datos personales de un universo de 167.399 estudiantes o egresados.

En el detalle cronológico, describió la UC en su acción legal que, tras recibir una solicitud de información, la casa de estudios contestó el 7 de mayo, indicando que esta entrega no era procedente porque se trataba de información protegida y regulada, ante lo cual la FNE propuso coordinar una conversación telefónica o de videollamada que finalmente se verificó el 9 de mayo por la plataforma Teams. “En ella, la FNE alegó que la ley la autorizaba a requerir esta información, que la UC estaba obligada a entregarla y, de no hacerlo, la FNE amenazó a la UC con aplicar una serie de multas”, mencionó en el escrito.

Además, agregó que los representantes de la UC señalaron al subjefe de la división de estudios de mercado de la FNE, Mauricio Garetto Boeri, que respaldaban el estudio de mercado, que valoraban esta iniciativa y que pretendían colaborar a su buen éxito. Sin embargo, en la presentación se enfatizó que la petición de la FNE era “desproporcionada”, y que su actuar “infringía el principio de legalidad”, explicando que los antecedentes requeridos eran datos personales, protegidos por ley especial -la 19.628 sobre Protección de la Vida Privada-, y que no existía una autorización legal para omitir la necesidad de contar con el consentimiento del afectado.

Señaló también que la casa de estudios ofreció de manera proactiva insertar un banner o medio equivalente en su plataforma “Canvas” invitando a todos los interesados a inscribirse y colaborar, y así permitiese libremente a quienes accedan, la entrega de los datos personales para colaborar con el estudio. Pero que luego de la citada reunión, la FNE envió a la UC el mencionado oficio 848 “compeliéndola a entregar la información”, enfatizando que la fiscalía ha cerrado toda posibilidad de solicitar a los titulares su consentimiento.

“Nos cuesta creer que la mayoría de las instituciones educacionales hayan pasado por alto la prohibición denunciada, sin perjuicio de que alguna pudiera haber cedido a las amenazas de multas de la FNE”, agregó la casa de estudios en otro pasaje del recurso.

Esta acción judicial fue declarada admisible el viernes pasado por la Corte de Apelaciones, aunque hasta el cierre de esta edición no se había definido el curso de la orden de no innovar que fue pedida por la UC, de modo de suspender el requerimiento contenido en el oficio 848.

Consultada por DF, desde la UC señalaron por escrito que, “si bien han manifestado su apoyo a este estudio que está realizando la FNE, la magnitud de los datos que han sido solicitados infringe los deberes legales que tiene la Institución como responsable de los datos personales de esas personas. Es por esta razón que se ofreció a la FNE una alternativa que permita a las personas entrar en contacto con este estudio a través de una invitación, lo cual fue finalmente desechado por parte de ellos”.

Consultada la FNE por esta acción judicial, señalaron que por ahora no se referirán al tema, pues estaban analizando el recurso, y que informarán a la Corte cuando corresponda.